playa los choros

La Ley de Bases del Medio Ambiente debe utilizarse en beneficio del desarrollo del país y no de intereses económicos. Tal como establece su texto, su rol es prevenir la contaminación y la degradación de los recursos naturales. Para lograr este objetivo se requiere democratizar los actuales procedimientos para aprobar o rechazar las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos, considerar equitativamente a las comunidades afectadas y terminar con la discrecionalidad política que desvirtúa el espíritu de la ley ambiental y su fundamento constitucional.

El desarrollo económico de Chile depende fuertemente de la naturaleza. La explotación y exportación del patrimonio natural, generó un importante crecimiento económico en las dos últimas décadas. Sin embargo, esta opción de desarrollo exportador intensiva en recursos naturales se ha expandido con pocas consideraciones ambientales, generando daños casi irreversibles en muchas regiones y serios impactos sobre la salud de la población. La externalización de los costos ambientales del desarrollo económico vigente está llegando a un punto crítico, por la intensidad y persistencia de extracción de biomasa y de emisiones contaminantes.

La Ley 19.300-explicitando el derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación y tutelar la protección de la naturaleza-establece normas básicas y una institucionalidad para prevenir los problemas ambientales, revertir situaciones de contaminación y proteger el patrimonio natural de Chile, sin embargo, esta ley ha tenido serios problemas en su aplicación. Su instrumento más importante, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), SE APLICA DESVIRTUANDO EL PRINCIPIO PREVENTIVO DE LA LEY POR CRITERIOS DE DISCRECIONALIDAD POLÍTICA BORDEANDO LA ILEGALIDAD.